Ministerio de Seguridad (Argentina)

Durante la gestión de Nilda Garré al frente del Ministerio de Seguridad, se crearon las mesas barriales y mesas zonales de participación comunitaria en seguridad, que apuntan a crear una instancia en la que los vecinos contribuyan a la elaboración de un mapa del delito, formulando necesidades que agregan medidas y contribuyen el desempeño de la Policía Federal Argentina, en el marco del Plan Nacional de Participación Comunitaria. El objetivo, según precisó la propia ministra Garré, es darle institucionalidad a los aportes y reclamos de los ciudadanos en la seguridad.^[6]​^[7]​^[8]​

También se implementó el Plan Buenos Aires Ciudad Segura, que tiene por objetivo lograr una mejor respuesta policial ante el delito mediante la actualización de la operación y a la incorporación de nuevas tecnologías que permiten una distribución más eficiente de las fuerzas de seguridad a lo largo de toda la jurisdicción porteña. El Plan permite monitorear la ciudad a través de 200 patrulleros tecnológicos y 1200 cámaras de vigilancia (el Plan prevé la instalación de un total de 2000 cámaras). Además incluye la modernización completa del servicio de urgencias policiales 911.^[9]​^[10]​^[11]​

En el marco del proyecto, diseñado por el Ministerio de Seguridad, la ministra puso en marcha centros de monitoreo con cámaras de alta definición, ubicados en la comisaría 52 de Villa Lugano, en la comisaría 16 del barrio de Constitución, en la comisaría 20 de Balvanera y en el Departamento de Policía Federal Argentina. Con estos avances, pasaron a monitorearse imágenes de cámaras distribuidas en los barrios de Balvanera y Once, Liniers, Mataderos, Villa Lugano, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Parque Avellaneda, Versalles y Villa Real. Desde estos centros se visualizan también 24 cámaras instaladas en la Terminal de Ómnibus de Liniers. «Hoy en día combatir el delito es una tarea compleja. Por eso la tecnología nos permite ser mucho más eficientes en el control de la seguridad», señaló Nilda Garré en la ocasión de esta inauguración.^[11]​^[12]​^[13]​^[14]​^[15]​^[16]​^[17]​

Durante este período se lanzó el programa de radarización de las fronteras. Se habilitó una serie de radares 3D, fabricado por la empresa estatal INVAP, destinado a detectar vuelos ilegales y al control del movimientos de aeronaves que ingresen o salgan del espacio aéreo.^[18]​ También durante su gestión se desarrollaron cuatro coheteras que han sido desarrolladas íntegramente por Fabricaciones Militares y CITEDEF.^[19]​ Los radares RASIT se desplegaron en las provincias de Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, cubriendo la frontera y las principales avenidas de aproximación identificadas por Gendarmería Nacional Argentina de Tránsitos Aéreos Irregulares. Los relevos de escuadrones aeromóviles se realizan aproximadamente cada 30 días^[20]​ para la vigilancia del territorio y de lucha contra las incursiones ilegales en el país para atacar el tráfico de drogas en las fronteras.^[21]​

Además, gendarmería colaboró con la seguridad en el courbano bonaerense mediante los siguientes operativos:

• Operativo Escudo Norte: lanzado en 2007 como parte del plan del Estado argentino para combatir el narcotráfico, la trata de personas y el contrabando en el norte de Argentina.^[22]​ Con el propósito de controlar los espacios aéreos, terrestres y fluviales de las provincias del norte argentino, las fuerzas de seguridad y armadas despliegan sus aviones, helicópteros y radares.^[23]​ Para ello, se planificó la instalación de 20 radares terrestres del Ejército, patrullajes con aviones Pucará y la colocación, en Santiago del Estero, del primer radar 3D cuya fabricación ha sido encargada por el Ministerio de Planificación.^[24]​^[25]​
• Operativo Cinturón Sur: tiene por objetivo optimizar el servicio de seguridad ciudadana en la Capital Federal mediante la intervención y cooperación entre los cuerpos policiales y las fuerzas de seguridad federales. La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina ejercen funciones de policía y ejecutan las tareas de prevención e investigación de los delitos en los puntos de mayor incidencia en la geografía porteña.^[26]​^[27]​ Se sumarón 1250 efectivos de Prefectura Naval Argentina con 26 camionetas, 24 cuatriciclos y 10 patrulleros, a las zonas de La Boca, Barracas y Parque Patricios.^[28]​
• Operativo Centinela: Se realiza mediante el despliegue de seis mil efectivos de la Gendarmería Nacional en el conurbano. El decreto 2099/2010 instruye a las fuerzas de seguridad de la Nación a «profundizar las actividades de prevención para resguardar la seguridad ciudadana» con una inversión de 150 millones de pesos.^[29]​^[30]​
• Operativo Vigía: Impone nuevos controles de personas, cargas y encomiendas en el transporte público de pasajeros de larga distancia. Mediante este operativo, se agregan a los dispositivos de seguridad ya existentes 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escáneres de rayos X, perros detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.^[31]​^[32]​^[33]​

Para proteger los ríos internos se adquirieron nuevas embarcaciones para la Prefectura Naval Argentina, entre ellos el buque SB-15 Tango, un Cúter de salvamento y el DF-19 Recalada adquirido en 2011. Convertido en Buenos Aires en una estación de simulación de pilotaje.

A raíz de una revuelta de efectivos de Prefectura Naval Argentina y de Gendarmería Nacional Argentina, De este modo, en paralelo se renovó el equipamiento de Gendarmería.^[34]​ Héctor Schenone (Gendarmería) y Oscar Arce (Prefectura) fueron reemplazados por el comandante general Enrique Alberto Zach y el prefecto general Luis Alberto Heiler.^[35]​^[36]​^[37]​ Además de estos jerarcas, fueron pasados también a retiro diez altos oficiales de cada una de las fuerzas, quedó así «normalizada la situación» tanto en Gendarmería como en Prefectura, según aseguró la ministra Garré en un comunicado a la prensa.^[38]​^[39]​

Para subsanar el error en la liquidación de los sueldos militares, se estableció un pago compensatorio por única vez para los prefectos que cobraran hasta $12.500 y la garantía a gendarmes de cobrar el mismo sueldo que el mes anterior.^[40]​ Además, el Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina señaló que los rangos más altos de la Prefectura y Gendarmería tenían sus sueldos fijados por cautelares judiciales, mientras que los que menos ganan vieron reducidos sus sueldos en mano, cuando el decreto no preveía tal cosa. En su opinión, pudo haber existido una maniobra por parte de los altos oficiales (que tienen sus sueldos protegidos por cautelares) para mantener sus privilegios. Para evitar repetir errores de esta naturaleza, determinó que a partir de entonces la liquidación de sueldos debe quedar en manos del Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.^[41]​

Para descongestionar el trabajo de la Policía Federal Argentina en lo que se refiere a la seguridad urbana en la Ciudad de Buenos Aires, creó también la Policía de Prevención Barrial, un cuerpo de élite entrenado desde fines de 2011 para intervenir en conflictos de proximidad, entre vecinos o intrafamiliares, en barriadas, de acuerdo con las instrucciones de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de «generar una nueva capacidad del sistema de seguridad democrático, para atender las necesidades particulares de poblaciones vulnerables».^[42]​ Los agentes barriales patrullan en tríos —en particular durante la noche— y siguen una doctrina de conocer y entender a los vecinos, para que éstos recuperen el vínculo de confianza con la policía, una institución muchas veces discutida por el abuso de poder en los sectores más vulnerables.^[43]​^[44]​

En 2011, la policía Federal se adquiriò el H11 LQ-BXI Airbus Eurocopter EC135, primer helicóptero de este modelo adquirido a Eurocopter en 2009 y H12 LQ-CQN Airbus Eurocopter EC135 T2+. El segundo EC135 fue adquirido en 2009. Un tercer helicóptero EC135 fue adquirido a fines de 2009 equipada con sistemas de visión nocturna, cámara giro-estabilizada y faro de búsqueda, sistemas de Piloto Automático "Full IFR - Single Pilot" que le permiten volar con un solo piloto sin ninguna visibilidad y aterrizar en forma automática con los sistemas ILS de los aeropuertos, de la misma forma que un avión de aerolínea. Además está dotado con grúa de rescate, bamby buckett para la lucha contra incendios y transporte externo de cargas. Posteriormente nuevas aeronaves adquiridas en 2014 con capacidad multifunción como los H15 LQ-FQH Airbus Eurocopter EC145.

En lo que respecta al bienestar general de los agentes, se iniciaron reformas en el Hospital Churruca Visca, que atiende a los efectivos de la Policía Federal Argentina y a sus familiares, además de asistir en carácter de emergencia a todos los miembros de las fuerzas de seguridad que resulten heridos en cumplimiento de sus funciones.^[45]​ Estas reformas incluyen la adquisición de un tomógrafo computado de última generación, el reciclaje integral de 1700 metros cuadrados para espacios de internación, la ampliación en el edificio anexo de 650 metros cuadrados para oficinas administrativas, la reparación e impermeabilización de las cubiertas de los techos y la reparación integral de los ascensores y escaleras, además de la adquisición de equipos de trabajo como bisturí láser, aparatos de rehabilitación, grupos electrógenos, computadoras y ambulancias, entre otros.^[46]​ Al respecto, Garré declaró que «Tuvimos que incorporar tomógrafos y aparatos que muchísimos hospitales tienen y nosotros teníamos que salir a pagar los estudios en otras instituciones. Por primera vez, la semana pasada empezamos a revisar a los efectivos en las propias comisarías. En una sola comisaría entregamos 70 anteojos».^[47]​ Además de las reformas en el hospital Churruca Visca, se ha avanzado en el sentido de mejorar las condiciones de vida del personal policial de modo general, ofreciendo de esta forma un plan de acceso a la vivienda y desarrollando una política muy activa de derechos humanos el interior de las fuerzas de seguridad del Estado.^[48]​

En el marco de un plan para mejorar las condiciones de trabajo de los efectivos de las fuerzas de seguridad del país, la ministra Garré inauguró el Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad (SIBIOS), que permite a los agentes contar con información que individualice a todos los ciudadanos a través de un software de última generación, mediante un convenio con el Registro Nacional de las Personas.^[49]​^[50]​ Dicho sistema permitirá asociar hechos delictivos mediante el uso de la genética, la bioinformática y la interoperabilidad de redes.^[51]​ Con esta tecnología, será posible compulsar las huellas digitales obtenidas en las causas penales registradas en una base de datos ubicada en la sede del Ministerio de Seguridad. El primer escáner del SIBIOS fue instalado en la Provincia de Catamarca^[52]​ y luego el sistema se fue generalizando entre otras provincias argentinas.^[53]​^[54]​

El 2 de diciembre de 2013 se anunció que reemplazaría a Arturo Puricelli como Ministra de Seguridad. Esto se dio en el marco de los cambios de gabinete efectuados por Cristina Fernández de Kirchner.^[55]​

Durante su gestión lanzó el Operativo Vigía, mediante el cual se agregaron a los dispositivos de seguridad ya existentes 630 agentes suplementarios de la Gendarmería Nacional Argentina y 140 de Policía de Seguridad Aeroportuaria, escáneres de rayos X, perros detectores de drogas, domos y cámaras fijas de alta definición.^[56]​^[57]​^[58]​

Finalizó su período como ministra en diciembre de 2015 siendo sucedida por Patricia Bullrich en la gestión de Mauricio Macri.

En septiembre de 2017 se reglamentó la ley de cannabis medicinal que autoriza a INTA y Conicet a plantar cannabis con fines de "investigación y medicinales".^[60]​ El decreto reglamentario determina además que será el Ministerio de Seguridad el que disponga las habilitaciones de las plantaciones.^[60]​ En febrero de 2019, se dispuso que la plantación estará a cargo de la empresa CANNAVA S.E., propiedad del estado jujeño.^[61]​ La empresa funcionará en una finca estatal de 14 000 hectáreas, que fue cedida gratuitamente por un siglo y será presidida por el hijo del gobernador de Jujuy Gerardo Morales.^[62]​

Durante su gestión se firmaron acuerdos con Estados Unidos, entre ellos un acuerdo con la DEA para instalar una Fuerza de Tarea en Misiones.^[63]​ Meses después Bullrich, anunció que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) instalará una base militar en Argentina.^[64]​ En 2018 el fiscal santafesino Walter Rodríguez denunció que «es alarmante» el nivel de «corrupción institucional» en las fuerzas federales que operan en Santa Fe cuya cabeza es Bullrich, denunciando además la complicidad de estas con el narcotráfico.^[65]​

Según declaraciones de Bullrich en noviembre de 2019 durante su gestión se incautaron 810 toneladas de marihuana, lo que implica un valor monetario de $51.000 millones.^[66]​

A mediados de ese año, se reveló la adquisición del software de espionaje israelí Pegasus por parte del Ministerio de Seguridad. En 2018, con motivo de la reforma del Código Penal, se intentó legalizar el uso de este programa por parte del Poder Ejecutivo para vigilar a cualquier ciudadano, a través de sus teléfonos móviles, computadoras y otros dispositivos, incluso sin orden judicial.^[67]​

Durante su gestión se produjeron diversos hackeos en sitios web y redes sociales del gobierno, entre las que se encuentran la página de la Policía Federal,^[68]​ el Twitter de Profectura Naval^[69]​ y el de la propia Ministra.^[70]​ El más grave de ellos ocurrió en agosto de 2019 cuando se filtraron cientos de documentos de la Policía Federal, incluyendo escuchas telefónicas, legajos y huellas digitales.^[71]​

Durante su gestión bajó el número del rescate de víctimas de tráfico de personas. En un año las víctimas de trata rescatadas bajaron casi un 70%, contándose las personas explotadas laboral o sexualmente, que recuperaron su libertad. En 2015 fueron rescatadas 2.110 pero el número de rescates disminuyó a 666 en 2016 y a 516 en 2017.^[72]​

A finales de octubre de 2017, con la firma de Patricia Bullrich, se publicó en el Boletín Oficial el "Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT". Este documento crea el marco reglamentario para la actuación de todas las fuerzas policiales y de seguridad federales.^[73]​ Desde la Federación Argentina LGBT manifestaron su preocupación y malestar por lo que interpretan es un protocolo discriminatorio.^[74]​ En un comunicado, SUTEBA expresó su solidaridad y acompañamiento en el rechazo manifestado por las organizaciones que defienden los derechos del colectivo LGBT.^[75]​

En 2017 compró cuatro lanchas israelíes con armamento de guerra por casi 50 millones de dólares. Según advirtió la Federación de la Industria Naval Argentina con el mismo monto se podrían haber construido localmente 20 lanchas similares, aunque sin el armamento. Se señaló además que Colombia había suministrado a Brasil lanchas artilladas y blindadas similares a las israelíes por USD 2 millones cada una. La empresa beneficiada es Codesur, perteneciente al empresario Mario Montoto, que es nexo de la ministra con las autoridades israelíes.^[76]​ La compra fue realizada en forma directa y sin ningún tipo de licitación previa. Cada lancha fue comprada a un costo equivale a unos 12,5 millones de dólares por equipo, una cifra elevada comparada a tres lanchas que licitó la Prefectura Naval Argentina un año antes, con un costo de USD 120 mil por unidad.^[77]​

En julio de 2019 se anunció la compra de 100 pistolas taser para ser utilizadas por los efectivos de las Policías Federal y Aeroportuaria en terminales ferroviarias y aéreas a partir de septiembre de ese año.^[78]​^[79]​

El 6 de diciembre de 2019 se anunció que Sabina Frederic sería la ministra de seguridad del gobierno de Alberto Fernández, cargo que asumió el 10 de diciembre.^[80]​

El 24 de diciembre, la ministra Frederic derogó la polémica resolución 1231/19 de por su predecesora Llamado protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBTI destinada a penalizar a la población homoseual.^[81]​^[82]​Dicho protocolo fue denunciado ante la ONU como forma de penalizar y reprimir a las minorías sexualesError en la cita: Error en la cita: existe un código de apertura <ref> sin su código de cierre </ref>

Frederick llevó adelante un consejo de profesionales para establecer un reglamento sobre el uso de las pistolas taser y dejó sin efecto el traspaso de uno de los hoteles de la Unidad Turística Chapadmalal a la Gendarmería.^[83]​^[84]​^[85]​ Ese mismo día, en una entrevista a Radio Metro, la ministra Frederic se manifestó a favor de la despenalización de la marihuana para uso médico, al afirmar que «hay que avanzar hacia la regulación del consumo de cannabis, inclusive sobre la producción para el consumo. Hay que dar un debate».^[86]​ Durante la campaña, el actual presidente Alberto Fernández se manifestó a favor de la iniciativa.^[87]​ En 2020 a raíz de varios informes de la Oficina Anticorrupción formo una auditoría sobre la gestión de su predecesor Patricia Bullrich que encontró inconsistencias presupuestarias: entre ellas sobreprecios en la Compra de sistemas de seguridad para pasos fronterizos a una firma a la que le pagó 35 millones de dólares (5 millones más de lo que ofrecían sus competidoras en la licitación), y a la que el Estado le pagó también el impuesto a las ganancias por 600 mil dólares a través de un ente cooperador. .^[88]​^[89]​^[90]​La auditoría encontró nuevas inconsistencias que llevaron a la imputación de presidenta del PRO Patricia Bullrich, al ex jefe de Gabinete Marcos Peña y a un tercer funcionario por la compra de cuatro lanchas de patrullaje con un sobreprecio de 29.000.000 de dólares en 2016.^[91]​

A fines de 2021 fue designada frente de los Cascos Blancos, organismo que tiene la función de ejecutar políticas humanitarias.^[92]​^[93]​^[94]​