INTERPONE ACCION DE AMPARO

SEÑOR/A JUEZ/A:

Cecilia Andrea GOYENECHE, Procuradora Adjunta de la

Provincia de Entre Ríos, con domicilio electrónico
cecilia.a.goyeneche@gmail.com, con patrocinio del Dr. Enrique Máximo PITA,
con domicilio procesal electrónico epita@fcjs.unl.edu.ar, Responsable Inscripto
en IVA (CUIT 20.05953423-1) todos constituyendo domicilio legal en calle
Colón 54 (1er. Piso, Oficina 1) de ésta ciudad, a Ud. respetuosamente nos
presentamos y decimos:

I. OBJETO.

Venimos por el presente a interponer ACCION DE AMPARO,

según lo habilita el artículo 1º, 6º inc. d) y concordantes de la Ley 8369, contra
el Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, con domicilio en calle
Fernández de la Puente Nº 220 de la ciudad de Paraná -por actos del
Honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia-, en virtud de la resolución
emitida por dicho organismo el día 30 de noviembre de 2021 en el expediente
“GOYENECHE CECILIA ANDREA -Procuradora Adjunta y Fiscal
Anticorrupción de la Provincia de Entre Ríos- Denuncia en su contra
formulada por el Dr. CARLOS GUILLERMO REGGIARDO” y su acumulado:
“GOYENECHE CECILIA ANDREA -Procuradora Adjunta de la Provincia de
Entre Ríos- JORGE AMILCAR LUCIANO GARCIA -Procurador General de
la Provincia de Entre Ríos- Denuncia en su contra formulada por los Dres.
RUBEN A. PAGLIOTTO y GUILLERMO R. MULET”.-

Mediante dicho acto la demandada decidió la apertura del

enjuiciamiento a la suscripta y, por mayoría de 5 votos, y en flagrante violación
a las garantías constitucionales de legalidad de los actos públicos y división de
poderes -en su aspecto de independencia judicial- y estabilidad en el ejercicio
del cargo, (III) “DISPONER la suspensión en sus funciones como Procuradora
Adjunta y Fiscal Anticorrupción, hasta el veredicto definitivio y a sus resultas..”
y (V) “SEPARAR del conocimiento de la causa a la totalidad de los
integrantes del Ministerio Público Fiscal y CORRER TRASLADO a quien
corresponda desempeñar el cargo de fiscal ad-hoc, conforme el orden del
listado de conjueces del Superior Tribunal de Justicia -Decreto 1296 MGJ del
25/8/2020-, por el término de quince (15) días, a los fines previstos en los
artículos 11, 24 y 27 de la ley 9283”.

PATROCINIO LETRADO (ART. 11 REGLAMENTO

PRESENTACIONES ELECTRÓNICAS)

Conforme al art. 11º del Reglamento de Presentaciones

Electrónicas del Poder Judicial de Entre Ríos, se deja constancia que la Dra.
Cecilia Andrea GOYENECHE tiene efectivo conocimiento del contenido de la
presente demanda, obrando en poder del patrocinante Dr. Enrique Máximo
PITA la constancia respectiva.

II. ANTECEDENTES

1. Funciones en el MPF.

Me desempeño como Procuradora Adjunta en la Provincia de

Entre Ríos, cargo al que accedí como titular con el dictado del Decreto 4580 del
09/12/2015, luego de obtener el correspondiente acuerdo senatorial, conclusivo
del procedimiento de concurso público de oposición y antecedentes, celebrado
por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos.-

La carrera judicial anterior al desempeño de tan alto cargo,

también estuvo caracterizada por el acceso -vía concurso- a los cargos que
lealmente con el deber constitucional asignado, vengo desempeñando desde el
año 2006.-

1) Así, a través del decreto Nº 629/06 del 2 de marzo de 2006,

fui designada como Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía Nº 1 de la ciudad de
Paraná, cargo al que accedí por haber obtenido el mejor puntaje en el
Concurso Nº 18 realizado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia.-

2) Luego de desempeñarme como secretaria de la

Procuración General y Fiscal de Cámara Interina, con el decreto Nº 5054/09,
del 16/12/09, fui designada como Fiscal de Cámara titular, ante la Cámara
Primera en lo Criminal de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, cargo al que accedí
por haber obtenido el mejor puntaje en el concurso Nº 61 realizado por el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Entre Ríos.-

3) Finalmente, el 18 de febrero de 2016 presté juramento

como Procuradora Adjunta de la Provincia de Entre Ríos luego de haber
obtenido el mayor puntaje en el concurso Nº 153 ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Entre Ríos (Decreto Nº 4579/15 GOB).

Posteriormente, en el año 2018, el Sr. Procurador General de

la Provincia, por Resolución Nº 80/2018 (del 15 de agosto de 2018), me asignó
adicionalmente las funciones previstas en el art. 208 de la Constitución
Provincial.

Vale recordar que el constituyente provincial de 2008 previó

la organización de una fiscalía especializada “con competencia en el territorio la
provincia” 1 para la "investigación y acusación de los hechos de corrupción y
otros delitos contra la administración pública" (Art. 208 CP), asignando a la
Procuración General el cometido expreso de asegurar "los medios, el apoyo
tecnológico, la continuidad y estabilidad para el cumplimiento de su cometido".
Sin embargo, en oportunidad de aprobarse la ley Nº 10.407 -Orgánica del
Ministerio Público-, la Legislatura provincial no incluyó las reglas de
organización de esa Fiscalía especializada, tampoco lo hizo a posteriori, ni se
ha dispuesto la creación de los cargos indispensables para el funcionamiento
de la Fiscalía “Anticorrupción”.-

1
De ahí que la asignación de funciones no puede darse sino en quien posea un cargo con el
rango funcional de Procurador/a adjunto/a, ya que el resto de los cargos del MPF, tienen
intervención en ámbitos jurisdiccionales más reducidos
 La resolución Nº 80/18, no me “designó” propiamente en un
cargo (ya que el cargo de Fiscal Anticorrupción no ha sido previsto
legislativamente, así como tampoco la estructura orgánica necesaria para
poner en funciones plenamente esa Fiscalía), sino que me asignó las
funciones previstas en el art. 208 de la C.Provincial, procurando subsanar de
esa manera el recorte normativo efectuado por la legislatura provincial en
oportunidad de tratar la actual Ley 10.407, y dar cumplimiento -en la medida de
lo posible- a la manda constitucional.-

De lo antes reseñado, podrá colegirse que para desempeñar

las funciones a mi cargo, he debido transitar un largo proceso, en el que
siempre se ha destacado el compromiso respetuoso por la investidura que
desempeño dentro del Ministerio Público Fiscal. Nunca, hasta que me fue
asignada la función de Fiscal Anticorrupción, fue cuestionada mi labor en las
causas que tuve a mi cargo, no habiéndose producido anteriormente ninguna
recusación, y mucho menos, una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de
Magistrados.-

2. Contexto de las denuncias ante el Jurado de

Enjuiciamiento.-

La situación precedentemente descripta se modificó luego

de que, apenas unos meses después de que se me asignara la función de
Fiscal Anticorrupción, el 20 de septiembre de 2018, se inició la causa Nº
87.933, caratulada "BECKMAN FLAVIA MARCELA - SCIALOCOMO ESTEBAN
ÁNGEL Y OTROS S/ ASOCIACIÓN ILÍCITA (EN CONCURSO REAL CON
PECULADO REITERADO)".

Dicha investigación, recayó en virtud del sistema de turnos,

en los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, y concluyó para el MPF con
la presentación de la Remisión a Juicio el día 31 de mayo de 2021. El
documento en cuestión, cuya lectura permite por sí misma desandar varias de
las afirmaciones difamatorias que se realizaron en las denuncias, se encuentra
a disposición de cualquier interesado, en el siguiente enlace.

Desde el inicio de la investigación de la causa y hasta el 29

de abril de 2019, desarrollé en relación con la misma las tareas de coordinación
que me asignó la Res. 80/18PG, y -dadas sus enormes dimensiones y
complejidad- asistí y acompañé a los Sres. Fiscales en múltiples actos de
investigación y en otros actos procesales. En esa fecha, me excusé ante el
Procurador General de seguir desempeñando la Coordinación en esta causa
específica.

Antes de aquella decisión, desde los comienzos del trámite

de la causa, fueron apareciendo en algunos medios de prensa de esta ciudad,
diversas notas con señalamientos -construidos a partir de falsedades o
tergiversaciones que puse en evidencia en los descargos presentados ante
ambas denuncias de Jury-, las que en su mayoría fueron tomadas por los
denunciantes, y con las que, además de sostener campañas de desprestigio y
apalancar las peticiones de recusación que formularon abogados defensores,
procuraron deslegitimar la investigación y, esencialmente, a sus encargados2,
con el evidente interés de mellar todo ímpetu investigativo en ésta o en futuras
causas de corrupción.-

En este trance, puede observarse lo que, entiendo,

constituye el puntapié inicial del proceso de politización de las “defensas”
emprendidas en las causas de corrupción. Así, en la entrevista realizada en la
“Radio 5 esquinas” (por Jorge Riani, Juan Cruz Varela, Federico Malvasio y
Danilo Lima), al abogado defensor de varios imputados en causas de
corrupción, Dr. Miguel Cullen, el 5 de noviembre de 2018 (puede escucharse
entera en https://go.ivoox.com/rf/29876195 ), ya anunciaba posibles procesos
contra integrantes del Poder Judicial (lo que se concretó inmediatamente con el
primer pedido de enjuiciamiento realizado al Sr. Procurador General el mismo

2 Cabe resaltar que los Sres. Fiscales a cargo de la investigación (Dres. Patricia Yedro e
Ignacio Aramberry), así como la Procuradora Adjunta Mónica Carmona y el Sr. Procurador
General, Jorge A.L. García, fueron también recusados en dicha causa, como derivación de la
petición realizada el 31/5/21 de dar por cerrada la investigación y remitir la causa a juicio.-
mes de noviembre de 2018 3) y se quejaba de la pasividad del Poder Legislativo
ante la investigación en curso, instándolos a interpretarla, no como una
pesquisa sobre hechos delictivos, sino como un ataque al poder político,
proponiendo que se reaccionara consecuentemente.-

A continuación, se sucedieron una serie de informes en la

prensa, tendentes a generar dudas e imponer sospechas sobre el buen nombre
de la suscripta y la concreta intervención en la causa. Los primeros, que fueron
trasladados como planteos justificantes de mi recusación, son aquellos
emitidos en “El Diario” de Paraná, el 5 y el 7 de diciembre de 2018.

Acompasado con ellos, el día 6 de diciembre de 2018, debí

realizar una denuncia ante la Unidad Fiscal de Atención Primaria, la que se
tramitó en el Legajo de Fiscalía Nº 93.137, debido a que personas
desconocidas habían hecho circular en las redes sociales una “captura de
pantalla” (falsa) de supuestos mensajes de Whatsapp falsos, en los que se me
atribuía una conversación impropia que nunca mantuve.

Así, estratégicamente, se generaban dudas sobre el objeto

de la investigación, procurando dejar fijada la imagen de que se trataba de una
causa armada en contra del sistema político, y de que quienes interveníamos
en la misma teníamos intereses secundarios que nos guiaban en la actuación.
Lo mismo que, explícitamente, se había dicho en la entrevista radial ya
referida.-

Nada de ello es sorprendente si tenemos en cuenta que en

la investigación en cuestión había quedado al descubierto una organización
criminal 4, operativa durante más de 10 años, con estructura jerárquica muy

3
Ver, al respecto, el análisis realizado en la remisión a juicio de la causa “BECKMAN y ots”,
pg. 137 y ss., y confr. H.J.E. expediente "DENUNCIA PRESENTADA POR DR. CARLOS G.
REGGIARDO CONTRA DR. JORGE A.L. GARCIA - COPIA REMITIDA POR H. JURADO DE
ENJUICIAMIENTO" S/ VARIOS"
4 Afirmo que la causa “BECKMAN y ots” refiere a un caso de criminalidad organizada,

siguiendo el informe del Relator de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y

Abogados, en el que se indica que cuando se habla de crimen organizado se hace referencia a
la concurrencia de los siguientes elementos: a) las actividades se realizan durante un período
entrelazada con algunos actores del poder político 5, y con enorme poder
económico.-

3. La recusación no tramitada, como motivo de la

apertura de Jury.-

Los planteos de recusación, formulados por escrito el día 7

de diciembre de 2018, se apalancaban en las “noticias” publicadas en base a la
información que construía y hacía circular la propia organización investigada,
eran articulados sosteniendo que la suscripta mantenía una relación de
sociedad con el imputado Pedro Eduardo Opromolla, lo que, con el pasar
del tiempo, fue mutando para pasar a sostenerse en esos artículos de prensa
(y luego en las denuncias ante el HJE), que mi esposo era socio del estudio
contable Integral Asesoría (el que fue allanado el 3/10/18 y sus integrantes -
Gustavo Falco, Pedro Opromolla y Guido Krapp, y también el Licenciado en
Sistemas Nicolás Beber y el corredor Inmobiliario Renato Mansilla- acusados
por el MPF), los denunciantes llegan a afirmar que mi esposo “comandaba” ese
estudio Contable.-

He señalado y probado, tanto públicamente como en los

descargos realizados ante el HJE, que ambas afirmaciones -que
insistentemente han alegado y usado para mi descrédito- son falsas. Para
evitar abundar en detalles innecesarios, acompaño a la presente los descargos
formulados ante ambas denuncias.-

En la resolución del HJE de apertura de causa (del

30/11/21), se omite dar tratamiento a la mayoría de los hechos denunciados

de tiempo sostenido en contraposición a aquellos individuos que se juntan esporádicamente

para llevar a cabo una acción concreta; b) las organizaciones poseen una estructura y una
jerarquía identificables que pueden ser de diferentes tipos: piramidal, empresarial, pública
o privada, entre otras; c) las organizaciones cometen graves delitos con fines de lucro; y, d)
las organizaciones criminales utilizan la corrupción o la violencia para llevar a cabo sus
actividades y protegerse de las consecuencias de las mismas. (Naciones Unidas - Informe
Relator Especial sobre la Independencia Magistrados y Abogados, Resolución A/72/140, 25 de
julio de 2017, párr. 35).
5 Ver, en particular, remisión a juicio pg. 78/79, pg. 131 y ss., pg. 300/1, y pedidos de pena de

pg. 361/2 y 365/6.-

sobre los que formulé descargo (los pasan por alto, sin darles tratamiento, por
lo que estimo se trataría de una desestimación tácita), restringiéndose la
decisión de apertura exclusivamente al análisis de si omití apartarme a tiempo
en la investigación en cuestión. Así, se dice en el voto de la jurado Rondoni (al
que adhieren el resto de los vocales de la mayoría), que el motivo o hecho por
el que se dispone la apertura del enjuiciamiento sería: “Determinar si la función
investigativa objetiva encomendada a la Dra. Goyeneche en la causa
“BECKMAN FLAVIA MARCELA SCIALOCOMO ESTEBAN ANGEL Y OTROS
S/ASOCIACION ILICITA (EN CONCURSO REAL CON PECULADO
REITERADO” en el carácter de Fiscal Coordinadora ha sido lesionada como
consecuencia del condominio existente con el Cr. Opromolla, y/o por el
vínculo de amistad de este último con su esposo, ó por el contrario, si dicha
función se ha mantenido incólume durante su intervención en la causa a pesar
de los “vínculos” antes mencionados, requiere, a criterio de la suscripta, un
análisis y valoración más amplia que el brindado por esta instancia”.-

Asimismo, el jurado Carubia (a cuyo voto adhieren también

la mayoría), tampoco consideró la existencia de algún desvío de poder de la
suscripta, sino que alude a que “los hechos … exhiben prima facie una
conducta de la funcionaria denunciada de innecesario ocultamiento y
expresa negación de una relación de comunidad de intereses con una
persona investigada e imputada en una grave causa de corrupción, lo cual
motivó un planteo recusatorio en su contra -en mi criterio, erróneamente
desestimado por los órganos judiciales intervinientes que debieron avocarse a
su decisión, de conformidad con el criterio sentado por la Sala N° 1 en lo Penal
del Superior Tribunal de Justicia, in re: “BECKMAN, Flavia Marcela y Otros
s/Estafa – Recusación de la Fiscal Dra. Yedro s/Impugnación Extraordinaria”,
12/4/21, Causa N° 5061; lo que hubiese precisado oportunamente la
cuestión y, sin duda, evitado llegar a la actual situación- y que, final y
tardíamente, provoca su apartamiento recién al concretarse un allanamiento
en un inmueble de la aludida persona investigada inscripto en copropiedad con
la funcionaria denunciada.-”.-
 Resalto con ello (sin perjuicio de los errores conceptuales
de tales afirmaciones, que ya referí en el escrito de recusación a los Jurados
Carubia, Mizawak, Carbonell, Gay y Rondoni, presentado el día 10/12/21 6), que
el HJE no ha observado ni indicado (pese al tenor enfático de las denuncias),
ningún acto concreto de desvío de la investigación o favorecimiento a algún
imputado en la causa, sino simplemente la idea de que me excusé tardíamente,
que de haberse tramitado las recusaciones interpuestas por errónea vía no
sería procedente el Enjuiciamiento, y que es necesario un ámbito más amplio
de análisis.-

En efecto, la recusación que interpusieron por escrito los

abogados Cullen, Vartorelli y Cappa (en representación de los imputados
Gustavo Pérez y Ariel Faure), aquel 7 de noviembre de 2018, jamás fue
tramitada, debido al erróneo trámite propuesto por los abogados.-

La Sra. Jueza de Garantías (al hacer lugar a un recurso de

reposición de la suscripta), desestimó el planteo de recusación formulado por
las defensas de Gustavo Pérez y Ariel Faure e indicó a los recusantes que
debían canalizar el planteo, de conformidad a las prescripciones del art. 35 de
la ley 10.407 de Ministerios Públicos. Esta decisión fue confirmada por la Sra.
Vocal el Tribunal de Juicios y Apelaciones de la Provincia, Dra. Carolina
Castagno, en resolución del 13/02/2019, y luego por la Sala 1 de la Cámara de
Casación (que en resolución del 01/04/19, desestimó el recurso de Casación),
deviniendo luego abstracto (en virtud de mi excusación) la Impugnación
Extraordinaria Provincial a través del cual los recusantes pretendían llegar con
su planteo a la Sala Penal del STJER (resolución del 03/05/19).-

Lo cierto es que nunca se me corrió traslado de las

presentaciones de los recusantes (las que aún hoy desconozco), ya que jamás
se presentaron ante el Sr. Procurador -conforme el trámite previsto en el art. 35

6
Que insólitamente el HJE decidió (el 16/12/21), reservar para darle tratamiento una vez que
se consume la aceptación del cargo por alguno de los jueces ad-hoc que se pretendió actuaran
como fiscales ad-hoc.-
de la ley 10.407- pretendiendo mi apartamiento en la causa, ni esgrimiendo
razón alguna que sustente racionalmente ese pedido 7.-

Es por ello que nunca tuve ocasión de expresar los motivos

por los cuales consideraba que no correspondía mi apartamiento del rol de
coordinación en la causa, habiéndose convertido el Jury de Enjuiciamiento, en
la primera oportunidad en que ello se discute. Vale decir, los denunciantes
(letrados defensores en causas de corrupción) han optado por convertir el
planteo de recusación erróneamente articulado, en motivo de juicio político.-

III. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN.

Como hemos de demostrar a continuación, la resolución cuya

manifiesta inconstitucionalidad impugnamos, incurre en un desvío de poder que
no es sino una consecuencia de la manifiesta parcialidad que la matiza el juicio
de los jurados Mizawak, Carubia, Carbonell, Rondoni y Gay.-

El desvío de poder que denunciamos, tiene por objeto

interferir en la independencia funcional del Ministerio Público Fiscal, ante
el avance de las investigaciones y juicios por graves delitos de
corrupción que se siguen en la Provincia de Entre Ríos. Esta acción tiene
por resultado objetivamente verificable el obstaculizar esas investigaciones
concretas, y al mismo tiempo infundir temor a jueces y fiscales, con la obvia
consecuencia de producirse, en los hechos, resultados favorables a los
acusados.-

Más allá de la apertura del enjuiciamiento en sí y de los nulos

argumentos brindados en la resolución de apertura, la ilegitimidad de la

7 Aunque su tenor es particularmente extraño, ya que se trata de co-imputados de una

asociación ilícita, que pretenden el apartamiento de una fiscal porque supuestamente podría
beneficiar a otros socios de la organización. A su vez, ese pedido de apartamiento cuenta con
insumos informativos con los que se pretende apartar a la fiscal que “beneficia”, aportados por
el propio imputado que supuestamente fue beneficiado!.
La dosis de ingenuidad necesaria para suponer concurrente ese desvío de poder, choca de
bruces con el sentido común. A tal punto, que la resolución de apertura del Jury debió pasar
por alto ese absurdo.-
resolución se concreta en dos aspectos cuya manifiesta ilegalidad no puede ser
obviada, y que tienen consecuencias en la presente acción, en tanto la
ilegalidad de la decisión (resolución del HJE del 30/11/21) la ha de privar de
consecuencias en derecho.-

1. Ilegalidad de la resolución de SEPARAR del

conocimiento de la causa a la totalidad de los integrantes del Ministerio
Público Fiscal. El acusador como parte de la administración de justicia.
Prohibición de juzgamiento por comisiones especiales.

A. El punto V de la resolución del HJE dispuso “SEPARAR

del conocimiento de la causa a la totalidad de los integrantes del
Ministerio Público Fiscal y CORRER TRASLADO a quien corresponda
desempeñar el cargo de fiscal ad-hoc, conforme el orden del listado de
conjueces del Superior Tribunal de Justicia -Decreto 1296 MGJ del 25/8/2020-,
por el término de quince (15) días, a los fines previstos en los artículos 11, 24 y
27 de la ley 9283”.-

Esta decisión de apartar al órgano específico acusador (art.

207 de la Constitución Provincial) contradice la previsión de la ley Nº 9.283,
que en su art. 11 establece que “Ante el Jurado actuará como Fiscal quien
actúe como tal ante el Superior Tribunal”.

También han incumplido la disposición específica de la ley

orgánica de Ministerios Públicos, ley N.º 10.407, que en su art. 17, inc. f),
establece que dentro de los deberes y atribuciones del Procurador General de
la provincia, se encuentra el de “Formular la acusación ante el Jurado de
Enjuiciamiento de la Provincia. Podrá ser asistido en tal función por otros
funcionarios de su ministerio, pero no podrá delegar tal cometido, sin
perjuicio de su apartamiento por excusación o recusación si concurrieren
las causales legales de inhibición”.

Recordemos que la misma ley, en su art. 20 prevé el sistema

de subrogancias, estableciendo: “En caso de inhibición, recusación,
excusación, vacancia, ausencia o impedimento del Procurador General, este
será reemplazado por el Procurador Adjunto más antiguo en el cargo. Los
Procuradores Adjuntos se sustituyen recíprocamente y en su defecto el
reemplazo estará a cargo de uno de los Fiscales de Coordinación”.-

Resulta oportuno señalar que la ley referenciada -Ley 10.407-

fue dictada con posterioridad a la reforma de la constitución provincial de 2008
y constituye la reglamentación a que alude el art. 207, in fine, de la CP. O sea
que la competencia allí otorgada al Procurador General deviene de una ley en
sentido formal y material, emitida en el marco de una previsión constitucional
específica.

Corresponde también poner de resalto que la norma

constitucional citada -art. 207, último párrafo- prescribe la ley que organice la
actuación del Ministerio Público Fiscal deberá prever “el régimen subrogatorio”
el cual “deberá establecerse para que se articule dentro de la estructura
respectiva, pudiendo excepcionalmente hacerse de otro modo”. Como puede
verse la normativa que regula la actuación del Procurador General en el ámbito
del Jurado de Enjuiciamiento tiene anclaje legal y constitucional y no puede ser
modificada por órgano jurisdiccional alguno y cuanto menos por un organismo
de naturaleza especifica como lo es el Jurado de Enjuiciamiento. Sabido es que
la competencia solo deriva de la ley -o de la Constitución- y todo apartamiento
de las reglas legales constituye una clara infracción a la regla del juez natural y
del debido proceso.

En tales condiciones, la decisión de desplazar a todo el

Ministerio Público Fiscal 8 de la función específica que le asignan dos leyes
provinciales, que condicen con el objetivo asignado al organismo por nuestra
Constitución Provincial (art. 207) -con sus reglas eventuales de subrogancia-,

8 La resolución, sin competencia, desplazó de sus funciones como eventuales subrogantes del

Sr. Procurador General para representar al organismo ante el Jurado de Enjuiciamiento a 2

Procuradoras Adjuntas, 7 Fiscales de Coordinación, 2 Fiscales de Cámara, 51 Fiscales y 50
Fiscales Auxiliares, vale decir, un total de 112 Magistrados del Ministerio Público Fiscal.-
es de una grosera y manifiesta ilegalidad por ausencia de legitimación del
Jurado de Enjuiciamiento para disponer ese desplazamiento. Dado que ese
organismo no es un órgano jurisdiccional (cfr. CSJN por todos, el precedente
de Fallos 326:4816), carece de potestad (aún cuando propusiera fundamentos -
inexistentes en el caso-) de desplazar a un órgano esencial de la estructura de
enjuiciamiento Constitucional, y menos aún de tomar decisiones que usurpan la
competencia legislativa para modificar, a puro arbitrio, las normas aludidas que
erigen al MPF como órgano exclusivo y excluyente a cargo de la acusación en
el especial trámite del jury de enjuiciamiento.

Indudablemente, el dictado de una resolución contraria a la

ley expresa invocada, vale decir, un fallo manifiestamente contrario a derecho,
no solo es configurativo de ilicitud penal (art.248 CP, en caso de considerarse
incumplido el requisito de autoría del art. 269), sino la expresión más patente
de la manifiesta parcialidad en los jurados. En efecto, no otra cosa que la
búsqueda de un objetivo concreto: que el órgano de “acusación” elegido
especialmente para el caso, se desempeñe de acuerdo con el criterio de los
Jurados que la seleccionan, adelantado en ocasión de dar curso a las
denuncias formuladas y al mismo tiempo disponer la suspensión en el ejercicio
de mis funciones. Solo esa tendencia puede explicar la opción por tamaña
ilegalidad.-

Desde luego, igual ilicitud penal se hubiera configurado en la

hipótesis de aceptación de funciones de los eventuales Jueces del STJ ad-hoc
que mutarían en Fiscales ad-hoc, para lo que los integrantes de la lista de
conjueces carecen de legitimidad formal y sustancial (arts.253 del CP y/o
art.246 inc.1º CP).-

Todos los factores antes expuestos, exponen una grave

afectación al derecho a un juicio justo, no ya como temor a posibles tendencias
en los jurados, sino a partir del ya consumado apartamiento de las reglas del
debido proceso. El juicio al que se me está sometiendo, es lisa y llanamente,
ilegal.-
 Se encuentra, en juego, en definitiva la legitimadad
democrática mediata de las sentencias, que va de la mano de la interdicción de
la arbitrariedad. Vale decir, que la aplicación del derecho no vaya más allá del
tenor literal posible de los enunciados, y que su interpretación respete las
pautas de coherencia o razonabilidad lógica y axiológica. En el caso, la
decisión cuya ilegalidad denunciamos, va más allá de la interpretación de una
norma o de completar una laguna legal, sino que se optó derechamente por la
“derogación” (el liso y llano incumplimiento) de disposiciones legales expresas,
para sustituilas por una regla establecida por el propio Jurado por sí y ante sí, o
sea de manera absolutamente arbitraria (se eligió a un grupo de “acusadores”
de una lista oficial de jueces ad-hoc por ante el STJ, la del Decreto Nº 1296/20,
aunque bien pudo haber sido cualquier otro listado de personas). Todo ello, sin
ninguna legitimidad constitucional ni legal.-

No podemos sino señalar, también, como muestra de la

tendencia de los Sres. Jurados, que tanto la suscripta, como el Sr. Procurador
General de la Provincia, nos vimos obligados a instar al HJE a producir la
notificación, ante el irregular procedimiento seguido de negarnos el
conocimiento de la sentencia emitida el 30 de noviembre (pese a que los votos
circularon públicamente desde mediados del mes, y con transcripciones
textuales -tal como se constató al conocer finalmente el texto definitivo- desde
el 25 de noviembre). Es decir que tuvimos que provocar la notificación con un
escrito, presentado a las 13,10 hs. del mismdo 2 de diciembre, pues como
finalmente pudimos comprobar el ocultamiento había sido ordenado por el HJE
en el punto VI del Resolutivo de fs. 741/795.-

La decisión de ocultarnos la apertura de causa, y el ilegal e

inconstitucional desplazamiento del MPF hasta el momento de que un
"conjuez" asuma como Fiscal Ad Hoc, demostró de manera contundente, la
parcialidad asumida por el HJE -su mayoría-, que se concretó en la arbitraria e
inconstitucional resolución que cuestionamos.-
 Nótese, que la decisión por la ilicitud procedimental, no fue
siquiera corregida luego de que el Sr. Procurador interpusiera recusaciones y
advirtiera de la comisión de delitos, en presentación realizada ese mismo 2 de
diciembre. Frente a ello y en lugar de optar por la reflexión jurídica, el Jurado
de Enjuiciamiento resolvió por mayoría, el día 6 de diciembre, rechazar
infundadamente esa presentación. Se adujo que el HJE se había declarado
incompetente en relación a la denuncia cursada contra el Sr. Procurador y, de
ello se derivó que el Ministerio Público Fiscal carece "...de interés y legitimación
para ese planteo y este Jurado de Enjuiciamiento de jurisdicción al respecto, al
haber acogido su pretensión de incompetencia...".

La reposición articulada por el Sr. Procurador General, en la

que hacía saber al HJE que su presentación era realizada en la calidad
prevista en el art. 207 de la Constitución Provincial, en cuanto tiene por objeto
“promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad, el derecho de
los ciudadanos y del interés público en todas las causas y asuntos que se le
impongan”, también fue desestimada, infundadamente, por resolución del
16/12/21.

Lo que venimos señalando, no es una mera ocurrencia de

nuestra parte en virtud de un interés particular, sino que el mismo criterio ha
sido puesto de manifiesto por la mayoría de los profesionales del derecho que
fueron convocados para asignarles el cargo de Fiscal ad-hoc, a través del
singular procedimiento establecido por el HJE.-

Así, el Dr. Dr. Amado Siede (fs. 804 a 806) manifestó estar
incurso en una situación de violencia moral, ya que entendió la asignación
como la imposición de “aceptar un cargo excediendo las facultades y funciones
que mi designación importa, y me han sido conferidas al designarme” (como
juez ad-hoc), mientras que el Dr. Julio Federik (fs. 835 y vta.) observó, entre
otras circunstancias, la manifiesta ilicitud penal configurada, señalando: “Esto
constituiría otro exceso atributivo, desarticulando la estructura, integración ,
remoción y funcionamiento de un órgano constitucionalmente previsto y
legalmente diagramado, invalidando sus actos y generando claras tipicidades
penales que conozco y eventualmente cometería si aceptara esta
intervención.”. En el mismo sentido planteó Alejandro Daniel Briozzo (fs.
869/871) “que se ha convertido en un discutible ejercicio atributivo sobre la
estructura y funcionamiento de un Ministerio regulado constitucionalmente y
legalmente ordenado por disposición expresa. Estimo que la decisión de
designar un Fiscal Ad Hoc de la manera en que se resuelve; estaría sujeta a
múltiples planteos de nulidad, posible comisión de conductas tipificadas por la
Ley penal -que me podrían y corresponder en caso de aceptar- y denuncias de
violaciones de derechos garantías constitucionales, esencialmente, el
necesario respeto del debido proceso legal (art. 18 de la Constitución
Nacional)”. En el mismo sentido se pueden observar el resto de los escritos de
excusación.-

El HJE, ha -incluso- reconocido implícitamente la corrección

intrínseca de cada uno de esos planteos, por cuanto han aceptado las
inhibiciones y rechazos articulados por esos motivos, no insistiendo con la
designación dispuesta (cfr. acta de fecha 16/12/21 en la que el H. Jurado
refrenda lo decidido al respecto por Presidencia a ese día, que abarcaba el
rechazo formulado por 6 profesionales).-

B. Imponer la exclusión de un órgano constitucional

encargado de la acusación, para someterme a la intervención de alguien
designado por el propio Tribunal actuante, por fuera de toda norma
procedimental, excediendo su competencia, quebranta flagrantemente mi
derecho a ser juzgada por un tribunal constituido previamente al juicio.-

La decisión, en concreto, contradice flagrantemente la

garantía prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional, como prohibición
de juzgamiento por “comisiones especiales”. Contraviene, también, la
garantía reconocida por el art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, a ser juzgado por "un tribunal competente [...] establecido con
anterioridad a la ley". Al decir de la Corte Interamericana en el caso "Apitz
Barbera y otros (Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) vs.
Venezuela" (sentencia del 5 de agosto de 2008, parágrafos 50 y 53, y su cita)
la norma convencional citada busca evitar que las personas sean juzgadas por
tribunales especiales, creados para el caso, o ad hoc (nótese que se trataba
también de un caso en que se ventilaba el alcance de esta garantía procesal en
un procedimiento sobre remoción de magistrados).

Los fiscales, en el marco de su actuación establecida por el

art. 207 de la Constitución Provincial, y normas reglamentarias, son "miembros
esenciales del administración de justicia" 9, "ministros de la justicia" 10, por lo que
la exclusión de la función legal y constitucionalmente acordada a este
Ministerio para ejercer la función acusatoria en el Jurado de Enjuiciamiento,
viene a afectar mi derecho individual al juzgamiento por los órganos naturales
(art. 18 CN, art. 8.1 CADH, art. 26 Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; art.14.1 PIDCP y art. 10 Declaración Universal de
Derechos Humanos). Asimismo, configura un caso de gravedad institucional
ya que la exclusión del MPF de su función legal y constitucionalmente prevista,
incardinada en una maniobra de interferencia en la independencia de ese
organismo, excede del interés individual de las partes y atañe también al de la
colectividad (cfr. CSJN Fallos 255:41; 290:266; 292:229; 293:504; 307:770 y
919; 255:41; 292:229; 324:533, 317:1076).

Ilegítima e inmotivada SUSPENSIÓN en el ejercicio del

cargo, como afectación a la independencia funcional del MPF.

9
Así los definen las Directrices de las Naciones Unidas sobre la función de los fiscales -
Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente, celebrado en La Habana (Cuba), del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990,
ONU Doc. A/CONF.144/28/Rev. 1 p. 189 (1990), en su párr. 3.
En el plano mundial, el principal instrumento destinado de modo específico a regular la
profesión de fiscal está representado por estas Directrices. Aunque soft law, las Directrices de
las Naciones Unidas fueron formuladas para "asistir a los Estados Miembros en su función de
garantizar y promover la eficacia, imparcialidad y equidad de los fiscales en el procedimiento
penal" en el marco de sus leyes y prácticas nacionales.-
10 Definición adoptada por la Sra. Relatora para la independencia de los magistrados y

abogados, Gabriela Knaul, A/HRC/20/19 del 7 de junio de 2012.

 Recurro nuevamente a estándares internacionales, para
recordar que la ONU, a través de los sucesivos informes de los Relatores
Especiales sobre la independencia de los magistrados y abogados 11, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en particular en los
informes denominados: “Garantías para la Independencia de las y los
operadores de Justicia” -5/12/13- y “Corrupción y Derechos Humanos” -
6/12/19-) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (a través de
numerosas sentencias entre las que destacamos, por su novedad, la del caso
CUYA LAVY Y OTROS VS. PERÚ, sentencia de 28 de septiembre de 2021),
ha venido performando criterios estrictos para la protección de la
independencia de los Fiscales, destacando su condición de vulnerabilidad
especialmente en los casos en que investigue la criminalidad organizada y la
corrupción.-

El Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los

magistrados y abogados, en el Informe del Consejo de Derechos Humanos
presentado en el 44º período de sesiones (julio de 2020) señaló: “En todas las
tradiciones jurídicas, quienes integran el Ministerio Público —con la
denominación de fiscales, procuradores u otras— ocupan una posición clave
en el sistema de justicia penal y ejercen responsabilidades de la mayor
relevancia. No se puede concebir el estado de derecho, ni hacer valer una
efectiva procuración de justicia si sus operadores no pueden actuar con
independencia, integridad e imparcialidad, en condiciones de autonomía,
objetividad y neutralidad para el desempeño de una función tan sensible y de la
mayor responsabilidad. De ahí que contribuir a fortalecer su independencia
frente a propósitos de sometimiento, tanto desde el poder político, como de los
poderes fácticos de la corrupción, es una tarea prioritaria en favor de la
institucionalidad y de la protección de los derechos humanos”.

Dado que la suscripta, viene desempeñando funciones como

Fiscal Anticorrupción, es este el marco conceptual que debe orientar el análisis

11 Mandato establecido por la Comisión de Derechos Humanos en su resolución 1994/41.-

sobre la legitimidad y las razones (ausentes) con las que se pretende sostener
la apertura del enjuiciamiento y la suspensión en el ejercicio del cargo, más allá
del juzgamiento ilegal que ya hemos analizado.

De allí que hemos de puntualizar la manifiesta arbitrariedad

de la decisión de suspenderme en el cargo, particularmente cuando se ha
descartado en la resolución de apertura -receptando los descargos formulados
por la suscripta-, toda referencia a un hecho concreto que indicara la
concurrencia de algún tipo de favorecimiento a algún imputado, o
entorpecimiento de la investigación, restringiendo los motivos de la apertura a
la mera circunstancia fáctica de haber omitido excusarme antes (convirtiendo
una no litigada recusación, en los motivos de un enjuiciamiento político o
disciplinario).-

La disposición cuestionada adolece de arbitrariedad

manifiesta, por carecer de uno de los elementos esenciales de los actos
administrativos como lo es la fundamentación.

Sabido es que no constituye motivación válida cualquier frase

vacua o vagamente referida a intereses públicos, las necesidades del servicio,
el buen orden de la comunidad o el bien común, ni tampoco una explicación
general y abstracta. Mucho menos, configura una motivación suficiente,
aquellas consideraciones asentadas en prejuicios o sesgos cuya legitimidad
jurídica está descartada.-

Es el caso de la suspensión que se me impone en el ejercicio

del cargo “hasta el dictado de la sentencia definitiva”, en tanto la justificación
esgrimida para ello (voto de la jurado Rondoni a fs. 779 vta.), considera que “La
función encomendada a la denunciada, requiere de equilibrio y moderación, los
cuales se verán necesariamente afectados al estar sometida a juicio, y lo que
es más grave, menoscaba la credibilidad del Ministerio Público Fiscal ante la
sociedad”. Esta justificación fue adoptada por adhesión por el jurado CARUBIA
(fs. 782), MIZAWAK (fs. 790 vta. y 791) y GAY (789 vta.), mientras que el vocal
CARBONELL (fs. 787 vta.) opta por no pronunciar ningún fundamento.-

Desconozco cuáles son las bases fácticas en las que la jurado

(y los votos que la siguen y conforman la mayoría) asienta su especulación
según la cual he de perder el equilibrio y la moderación. Sin embargo, la frase
resuena a prejuicios sexistas asentados, según los cuales las mujeres
tendríamos una tendencia general al desborde emocional, ya que si la razón
dada para justificar la suspensión tuviera alguna razonabilidad, pues entonces
toda persona (hombre o mujer) sometida a jury debería ser siempre
suspendida ya que el estrés derivado del proceso es idéntico cualquiera sea el
género del enjuiciado. La consideración legal y constitucional a que se trata de
una potestad del jurado debería ser, en tal caso, modificada, para disponerlo
como consecuencia necesaria de la apertura del jury.

No puedo dejar de destacar, asimismo, que la

fundamentación de la suspensión en hipotéticos desórdenes psíquicos que
entienden me impedirían desempeñarme adecuadamente, se da de bruces con
la normativa vigente, ley 26.657, que establece en su art. 3º la presunción de
salud mental de todas las personas, y prohíbe que se presuma “riesgo de daño
o incapacidad, lo que sólo puede deducirse a partir de una evaluación
interdisciplinaria de cada situación particular en un momento determinado”
(artículo 5).

En definitiva, la normativa que faculta al Jurado a suspender

al enjuiciado (art. 222 de la Constitución Provincial y art. 20 inc. 2 y 24 Ley
9283) requiere de una interpretación conforme a las pautas normativas
constitucionales y convencionales que venimos señalando, que establecen que
la suspensión en el ejercicio de las funciones debe estar justificada en base a
los principios de proporcionalidad -con el hecho atribuido- y razonabilidad.-

En el caso, estando la suscripta inhibida de intervenir en el

causa “Beckman y ots.” desde el día 29/04/2019 (se acompaña copia del
expediente de Procuración General Nº 39.929, en el que se tramitó dicha
excusación), la suspensión resulta particularmente dislocada, en tanto ningún
riesgo funcional se advierte en la continuidad de mi desempeño en otras
causas, en la que nada se ha cuestionado de mi labor como Procuradora
Adjunta o Fiscal Anticorrpución.-

Para el caso cabe señalar que la CIDH ha considerado que

“las y los fiscales, … desempeñan funciones de operadores de justicia y, en tal
carácter, requieren gozar de garantías de estabilidad laboral, entre otras, como
condición elemental de su independencia para el debido cumplimiento de sus
funciones procesales. Por tanto, se encuentran amparados por las garantías a un
adecuado nombramiento, a la inamovilidad en el cargo y a ser protegidos contra
presiones externas. De otro modo, se pondrían en riesgo la independencia y la
objetividad que son exigibles en su función como principios dirigidos a asegurar que
las investigaciones efectuadas y las pretensiones formuladas ante los órganos
jurisdiccionales se dirijan exclusivamente a la realización de la justicia en el caso
concreto, en coherencia con los alcances del artículo 8 de la Convención 12. A ese
respecto, cabe agregar que la Corte ha precisado que la falta de garantía de
inamovilidad de las y los fiscales, al hacerlos vulnerables frente a represalias por las
decisiones que asuman, conlleva violación a la independencia que garantiza,
precisamente, el artículo 8.1 de la Convención 13. Al respecto, este Tribunal se remite a
sentencias de los casos Martínez Esquivia Vs. Colombia y Casa Nina Vs. Perú en las
cuales estableció que la independencia que se reconoce a las y los fiscales configura
la garantía de que no serán objeto de presiones políticas o injerencias indebidas en su
actuación, ni de represalias por las decisiones que objetivamente hayan asumido, lo
que exige, precisamente, la garantía de estabilidad e inamovilidad en el cargo 14”.

Asimismo, se ha considerado violatorio al derecho a

permanecer en el cargo en condiciones de igualdad, decisiones arbitrarias que
dispongan la suspensión: “El artículo 23.1.c) de la Convención establece el derecho

12
Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párrs. 88 y 94, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra,
párrs. 72 y 78.
13
Cfr. Caso Valencia Hinojosa y otra Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2016. Serie C No. 327, párrs. 110 y 119, y Caso Casa Nina Vs.
Perú, supra, párr. 72.
14
Cfr. Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 96, y Caso Casa Nina Vs. Perú, supra, párr. 80.
a acceder a funciones públicas en condiciones generales de igualdad. Al respecto,
esta Corte ha interpretado que el acceso en condiciones de igualdad es una garantía
insuficiente si no está acompañada por la protección efectiva de la permanencia en
aquello a lo que se accede, lo que indica que los procedimientos de nombramiento,
ascenso, suspensión y destitución de funcionarios públicos deben ser objetivos y
razonables, es decir, deben respetar las garantías del debido proceso aplicables”. En
definitiva, el carácter excepcional de la suspensión en el ejercicio del cargo,
requiere particulares condiciones que lo justifiquen. “Esta Corte se ha
pronunciado de manera reiterada sobre este derecho en relación con procesos de
destitución de jueces, juezas y fiscales y ha considerado que se relaciona con la
garantía de estabilidad o inamovilidad en el cargo. De modo que el respeto y garantía
de este derecho se cumple cuando los criterios y procedimientos para el
nombramiento, ascenso, suspensión y destitución de jueces, juezas y fiscales son
razonables y objetivos, y las personas no son objeto de discriminación en su ejercicio
(caso Cuya Lavy y otros vs. Perú, sentencia de 28 de septiembre de 2021
párrafos 159 y 160, ver también “Casa Nina vs. Perú”, párr.. 97/98).-

En suma, la CIDH ha interpretado que el acceso en

condiciones de igualdad constituiría una garantía insuficiente si no está
acompañado por la protección efectiva de la permanencia en aquello a lo que
se accede. Por ello, y dados los alcances de la restricción al ejercicio funcional
que se me impuso, el Jurado de Enjuiciamiento tenia un deber de motivación
precisa, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, desarrollando razones y
fundamentos específicos sobre la gravedad y entidad de la falta supuestamente
cometida, como justificativo del riesgo para la función que la continuidad en el
cargo implicaría (Cfr. Corte IDH, Caso Reverón Trujillo Vs. Venezuela, supra,
párr. 138, y Caso Martínez Esquivia Vs. Colombia, supra, párr. 115, Caso
López Mendoza Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1
de septiembre de 2011. Serie C No. 233, caso Cuya Lavy c. Perú citado).

En relación a este extremo, destaco que la suspensión

injustificada, no es sino la expresión más acabada del motivo que orienta la
formación de causa -tal como venimos denunciando desde los descargos
realizados-, consistente en una represalia por las investigaciones de corrupción
en las que se ha avanzado, y con la evidente intención de interferir en ellas, y
perjudicar la intervención de la suscripta en el debate oral que se desarrolla en
estos momentos (desde el 26/09/2021 en “Legajo de OGA Nº 11808, caratulado "URRIBARRI
SERGIO DANIEL - BAEZ PEDRO ANGEL - TORTUL GUSTAVO JAVIER - CESPEDES HUGO FELIX -
AGUILERA JUAN PABLO - CARGNEL CORINA ELIZABETH - MARSÓ HUGO JOSE MARIA - CARUSO
GERARDO DANIELs/PECULADO NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA
FUNCION PUBLICA" y su acumulada Legajo OGA Nº 4385 "URRIBARRI SERGIO D - BAEZ PEDRO A. -
AGUILERA JUAN P. CARGNEL CORINA E. - BUSTAMANTE JESÚS J. M. - MONTAÑANA HUGO F. -
TAMAY GUSTAVO R. - ALMADA LUCIANA B. - GIACOPUZZI EMILIANO O.- ALMADA ALEJANDRO -
SENA MAXIMILIANO NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LA FUNCION

PUBLICA - PECULADO -DEFRAUDACION A LA ADMINISTRACION PUBLICA”).-

IV. PROCEDENCIA DE LA VÍA.

1. Legitimación pasiva

El H.Jurado de Enjuiciamiento, en tanto órgano extra-poder de

nuestra provincia, carece de capacidad autónoma de estar en juicio, de la
misma manera que “Los poderes que integran el Gobierno de la Provincia
de Entre Ríos no pueden estar en juicio en forma individual, ya que la
personalidad jurídica requerida a tal fin corresponde al Estado provincial
como unidad, quien es representado en juicio por el Gobernador o por
quienes éste designe (argumento arts. 81 y 166, Constitución de Entre
Ríos). El Poder Judicial de la Provincia de Entre Ríos y el Superior
Tribunal de Justicia local no poseen capacidad para estar en juicio, por lo
que es el Estado provincial quien debe ser demandado. (Cftr. STJER, en
Pleno, 02/04/1997, “Albe, José A. y otros c. Superior Tribunal de Justicia,”,
LLLitoral 1998-2, 68 - LA LEY 1998-F, 869; Idem. STJER, 6/6/1994, "Mármol de
Butta, Estela Graciela c. H. Legislatura de la Provincia de Entre Ríos s/
demanda contencioso administrativa".
 2. Decisión ilegítima impugnable por vía de amparo
emitida por una autoridad pública.

Las decisiones de los Jurados de Enjuiciamiento, si bien

materialmente jurisdiccionales (aunque formalmente no judiciales), implican
afectación de derechos constitucionales, por lo que son susceptibles de ser
subsanada por la presente vía, conforme lo prescripto por el art. 56 de la
Constitución Provincial, en el artículo 43 de la Constitución Nacional y en lo
regulado por el art. 1º y concordantes de la Ley 8369.-

A su vez, tal como la CSJN ha destacado, remitiendo a

consideraciones de la CIDH “cuya jurisprudencia debe servir de guía para la
interpretación de los preceptos convencionales de orden internacional (Fallos
321:3555; 328:1491) destacó con especial referencia a los procesos de
enjuiciamiento político que “de conformidad con la separación de los poderes
públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional
compete eminentemente al Poder Judicial, otros órganos o autoridades
públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir, que cuando la
Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o
tribunal competente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión
se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial,
que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de las
personas. Por la razón mencionada, esta Corte considera que cualquier
órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente
jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las
garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la
Convención Americana” (caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”, sentencia
del 31 de enero de 2001, párrafo 71)”. (CSJN Fallos: 338:601 “Meynet, Alvaro”,
15/7/2015) .-
 3. Inexistencia de otra vía idónea para el amparo de los
derechos constitucionales afectados.

Más allá de la apertura de la vía recursiva extraordinaría que

ha realizado la CSJN en las últimas décadas en relación con sentencia
definitivas o equiparables emitidas por los Tribunales de Enjuiciamiento de
Magistrados (dejando de lado la primigenia postura de nuestro Máximo Tribunal
que consideraba irrevisable las decisiones de los Jurados de Enjuiciamiento -
así vgr. Fallos 271:69 y 270:240, ambos de 1968-), con el objeto de dar
cumplimiento a los deberes asumidos en los arts. 1.1, 8.1 y 25 de la CADH, lo
cierto es que tal vía recursiva no satisface el requisito de idoneidad, en tanto
los recursos del procedimiento ordinario -frente a una sentencia no definitiva-
jamás permitirían la oportuna subsanación de los derechos constitucionales
afectados (particularmente, teniendo en cuenta el plazo máximo en que se
debe desarrollar todo el proceso -art. 43 ley 9283- y el de 15 días otorgado al
fiscal ad-hoc que se asignó en el punto V del resolutorio cuya ilegalidad
denunciamos).-

Destacamos que los antecedentes jurisprudenciales de

nuestra Provincia han previsto que el amparo es la vía adecuada si el mero
transcurso del tiempo las lleva a la frustración del derecho invocado. O bien,
dicho desde otra perspectiva: “La existencia de vías procedimentales ordinarias
sólo desbaratan la posibilidad de acceder al procedimiento de amparo si se
comprueban idóneas para brindar, según las circunstancias concretas del caso,
una adecuada, total y oportuna reparación al derecho cuya conculcación se
denuncia” (Conf, STJ de Entre Ríos en “Buktenica, Juan José vs. Instituto de
Promoción Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos s. Acción de ejecución”,
24/10/2011).

Asimismo, la CSJN admitió la vía de amparo en una discusión

vinculada a la garantía de inamobilidad de los Magistrados, y se observaba una
eventual afectación a la independencia judicial, en el precedente “Bertuzzi,
Pablo Daniel y otro c/ EN - PJN y otro s/ amparo ley 16.986”, Fallos 343:1096 y
1457.-

En definitiva, no existiendo ninguna vía alternativa que, por

sus características, preserve de mejor manera los sensibles y jerarquizados
derechos que aquí se pretenden tutelar, solicitamos oportunamente se declare
procedente la via y se haga lugar a la acción aquí peticionada.

4. Temporaneidad y declaración Jurada.

Desde el punto de vista formal, manifestamos por la presente

que NO hemos INICIADO otra vía de reclamo, lo que dejamos consignado bajo
DECLARACION JURADA y que, además, la presente medida se interpone
dentro del plazo de treinta días previstos en el art. 3º inc. c) de la Ley 8369,
teniendo presente para ello que el acto administrativo fué emitido en fecha 30
de noviembre de 2020 y comunicado a esta parte, el día 2 de diciembre
siguiente.-

5. Ilegalidad manifiesta. Lesión de derechos amparados

por nuestra Constitución Provincial, Nacional y por Tratados
internacionales.-

Tal como se ha puesto de manifiesto, la resolución del HJE,

fechada el día 30/11/21 es de una manifiesta arbitrariedad e ilegalidad a tal
punto que, de conformidad a los derechos que se encuentran en juego -en el
marco de los Convenios Internacionales ya citados, y los estándares
internacionales en materia de lucha contra la corrupción con los cuales la
República Argentina se comprometió al adherir a la Convención De Las
Naciones Unidas Contra La Corrupción (2001) y a la Convención
Interamericana Contra La Corrupción (1996), compromete la responsabilidad
internacional de nuestro Estado nacional.-

El deber de investigar los hechos de corrupción, se vincula

centralmente con un deber más general, el de garantizar el Estado de Derecho
y la democracia (art. 36 Constitución Nacional). Por ello es de vital importancia,
que especialmente en los casos de corrupción, los Estados se ocupen de
proteger la independencia de la función judicial. Me refiero a la actuación de los
funcionarios judiciales (preponderantemente fiscales y jueces) sin
condicionamientos que puedan interferir en su actuación.

Desde la perspectiva individual, en mi carácter de

Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Entre Ríos,
la Constitución Provincial me confiere las garantías de inamovilidad, estabilidad
en el cargo e intangibilidad de las remuneraciones (art. 201 CP), las que se han
afectado -más allá de lo legítimamente aceptable- por la decisión que
cuestionamos.-

V. RESERVA DE CASO FEDERAL

El tenor de lo antes señalado, ha de ser tenido -a su vez-

como expresa introducción de caso federal a los efectos previstos en el art. 14
de la ley 48, en tanto se denuncia ilegalidad que implica un grave
quebrantamiento de las normas reglamentarias que determinan el modo en que
deben integrarse los tribunales de la causa, y la prohibición de que los
habitantes de la Nación puedan ser juzgados por comisiones especiales y
origina agravio al derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución
Nacional) (conf. Fallos: 316:1710; 321:2738 y 324:1211, 338:601; 338:1216,
342:278, entre otros).

Asimismo, se ha denunciado la afectación a la garantía de

juez imparcial, reconocida dentro de los derechos implícitos del art. 33 de la
Constitución Nacional y arraigada en las garantías de debido proceso y de la
defensa en juicio establecidas en el art. 18 de dicha Ley Suprema, además de
consagrada expresamente en los arts. 10 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; que
forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la
incorporación expresa que efectúa el art. 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional y se extienden a las cuestiones sobre enjuiciamiento de magistrados.
(CSJN, Fleitas, Pablo Andrés s/ Acusación, Fallos: 342:2298).-

VI. PRUEBAS

Que, ofrecemos como pruebas las siguientes:

1. Documental.

Dado la voluminosidad de la documental que es necesario

poner en conocimiento de VS para la resolución del presente, y al efecto del
pleno ejercicio de nuestro derecho de acceso a la justicia -particularmente por
tratarse de un caso de gravedad institucional-, solicitamos se amplie el límite
establecido en el art. 10 del Reglamento de presentación de Escritos
electrónicos del STJER, conforme a la documental que a continuación
enunciamos y acompaña la presente.- En caso contrario se autorice la
presentación en soporte papel a tenor de lo autorizado por el art. 4º, inciso 2º,
del Reglamento referenciado, debiendo el tribunal interviniente establecer la
oportunidad y procedimiento para su presentación.

a) Documental parte 1. Escrito de descargo formulado ante el HJE por la

denuncia formulada por el abogado Reggiardo.- Escrito de descargo
formulado por la suscripta ante el HJE por la denuncia formulada por los
abogados Pagliotto y Mulet.-
b) Documental parte 2. Resolución del HJE dictada el 30 de noviembre de
2021 que motiva el presente Amparo.-
c) Documental parte 3. Expediente HJE fs. 796 a 817.-
d) Documental parte 4. Expediente HJE partes pertinentes desde fs. 818
hasta fs. 840vta.
e) Documental parte 5. Expediente HJE partes pertinentes desde fs.852 a fs.
884.
f) Documental parte 6. Expediente HJE partes pertinentes desde fs.888 a fs.
922.
g) Documental parte 7. Recusaciones articuladas a los Jurados Daniel O.
Carubia, Claudia M. Mizawak, Martín Carbonell, Sonia Rondoni y
Armando Gay y resolución de Presidencia del HJE de fs. 840 y vta.
h) Documental parte 8. Expediente Nº 39.929 PG “Dra. Cecilia A.
Goyeneche - Su excusación en el Legajo Beckman Flavia Marcela - Y
Ots. - Asociación Ilícita (En Concurso Real Con Peculado Reiterado) S/
Procesos Administrativos”.-
i) Documentos obrantes en la web, según los hipervínculos indicados en el
cuerpo del presente escrito, a saber:
i) http://www.entrerios.gov.ar/magistratura/magistratura1.0/conc18.htm
ii) http://www.entrerios.gov.ar/magistratura/magistratura1.0/conc61.htm
iii) http://entrerios.gov.ar/magistratura/index.php?codigo=19&codsubmen
u=78&modulo=detalleconcursof&cod=34
iv) Resolución Nº 80/2018: http://mpf.jusentrerios.gov.ar/wp-
content/uploads/2018/080-2018.pdf
v) http://mpf.jusentrerios.gov.ar/wp-
content/uploads/2021/causas/REMISION JUICIO - BECKMAN Y
OTROS Con caratula.pdf
vi) https://go.ivoox.com/rf/29876195

2. Documental en poder de terceros:

Para más amplio conocimiento, y para el caso de que se

cuestione la autenticidad de la prueba antes acompañada, solicitamos se
requiera para vuestro conocimiento, la siguiente documental:

a) Al Honorable Jurado de Enjuiciamiento, se pida el expediente tramitado

en el HJE Nº 245 Fº104 L.1 con la carátula: “GOYENECHE CECILIA
ANDREA -Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción de la
Provincia de Entre Ríos- Denuncia en su contra formulada por el Dr.
CARLOS GUILLERMO REGGIARDO” y acumulado: “GOYENECHE
 CECILIA ANDREA -Procuradora Adjunta de la Provincia de Entre
Ríos- JORGE AMILCAR LUCIANO GARCIA -Procurador General de
la Provincia de Entre Ríos- Denuncia en su contra formulada por los
Dres. RUBEN A. PAGLIOTTO y GUILLERMO R. MULET”.-
b) A la Procuración General de la Provincia de Entre Ríos, se requiera el
Expediente Nº 39.929 PG “Dra. Cecilia A. Goyeneche - Su Excusacion
En El Legajo Beckman Flavia Marcela - Y Ots. - Asociación Ilícita (En
Concurso Real Con Peculado Reiterado) S/ Procesos Administrativos”.-

VII. PETITORIO

Que, por lo expuesto del Sr. Juez/a solicitamos:

1) Nos tenga por presentados, domiciliados, en el carácter invocado,

acordándosenos la intervención que por derecho nos corresponde.
2) Tenga por iniciada ACCION DE AMPARO contra la Provincia de Entre
Ríos, por actos del honorable Jurado de Enjuiciamiento de la Provincia.-
3) Tenga por acompañada la documental y por ofrecida la prueba pertinente la
que se producirá para el caso de ser considerada necesaria.-
4) Tenga presente la reserva de Caso Federal suficiente.-
5) Finalmente, al dictar sentencia, solicitamos que se haga lugar al amparo
dejando sin efecto de la resolución del HJE fechada el día 30 de noviembre
de 2021, con expresa imposición de costas a la demandada.

Provéase de conformidad, SERÁ JUSTICIA.